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Aníbal Ibarra, abogado y ex fiscal federal, habló en el programa “Desde Afuera” (AM 1420) para analizar el pedido de condena contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Al respecto Ibarra dijo que “el costado judicial me dice que es imposible que la acusen si quiera, mucho menos que la condenen” ya que “no hay pruebas, las pruebas que hay en la causa dicen exactamente lo contrario, no se puede forzar un delito para perseguir a alguien y en caso de duda hay que estar a favor de la persona que está imputada”. Sin embargo, indicó que “cuando sectores vinculados al poder tienen como objetivo conservar ese poder y cuando se trata de una persona con altísimo predicamento político, con seguridad de la dirigente política más reconocida en argentina, la política mete la cola y puede forzar una acusación y una condena”.
En ese sentido Ibarra expresó que esos sectores de poder “cuentan con todo el respaldo de los medios hegemónicos y van construyendo su verdad”, motivo por el cual “en la balanza pesan mucho más los intereses políticos y los intereses por el poder”.
Para Ibarra “una causa contra una ex presidenta, una actual vicepresidente, contra la dirigente más importante de la Argentina, es una causa política” que además “es una causa motorizada por sectores de la oposición política”.
Por eso explicó que “antes se perseguía a los dirigentes políticos poniéndolos presos, pero ahora se usa a los jueces y serán ellos los que persiguen a los opositores bajo el manto de la justicia” y subrayó que “el que niega el lawfare es un ingenuo o lo niega intencionalmente”.
Además, manifestó que “los republicanos dicen que con el sentido común alcanza, el sentido común de ellos, además, años de evolución en el derecho penal y procesal no sirven de nada, tiran todo por la borda y se basan en su propia especulación y creencia” y enfatizó que “no se puede hacer valer un posicionamiento político para perseguir a una persona sin pruebas, y esto es lo que ocurrió en la causa vialidad nacional, por eso ahora estamos frente a un golpe judicial”.